A cuenta de la Guia Práctica sobre los derechos laborales de las personas presas

A cuenta de la Guia Práctica sobre los derechos laborales de las personas presas

Se ha dado a conocer la Guía práctica sobre los derechos laborales de las personas presas editada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (2015), libre de copiarse, distribuirse y comunicar públicamente.

Esta Guía, dada a conocer, entre otros, por la Asociación Libre de Abogados, destaca por el carácter exhaustivo con que se trata cuanto tiene que ver con el trabajo en la prisión. Carácter exhaustivo, que dice mucho de sus autores y del esfuerzo siempre necesario para hacer visible lo que a primera vista resulta invisible. Ésta es la principal conclusión que se saca, tras su lectura. La Guía es un gran esfuerzo de hacer visible algo en lo que la mayoría nunca hubiéramos indagado.

Prestaciones

La Guía, que no trata las prestaciones de la seguridad social -salvo para dejar claro que el subsidio por excarcelación es de mayor cuantía que la prestación que recibes tras conseguir la libertad, si has estado trabajando -, dice que son 12.000 empleados, los que trabajan para la entidad pública TPFE.

Sentido del trabajo en prisión

Respecto al trabajo en prisión no olvidemos el valor que tiene la teoría economicista en la evolución de las prisiones, tal como apuntamos en el post dedicado a Foucault y el Panóptico. Tampoco hay que olvidar el interés que el trabajo en prisión tiene para la evolución hacia una privatización de las prisiones; no en vano en Estados Unidos la industria textil carcelaria compite con la China.

Así las cosas, en un contexto de guerra social, explicado en Foucault y el Panóptico, es donde hay interpretar los conflictos que plantea el Derecho Laboral en las prisiones. Los primeros estudiosos de las prisiones ya dijeron que las cárceles son los lugares donde hay que mirar para conocer la sociedad en la que nos encontramos.

La Guía

La Guía comienza indicando que el trabajo en prisión se regula por el RD 782/01, de 6 de julio, aplicándose el ET solo cuando haya una remisión expresa a él. Esta relación laboral especial se circunscribe, únicamente, a las labores que son productivas, no al resto de labores que sin contraprestación económica se realizan en el ámbito carcelario. Tampoco se considera relación laboral especial las que no son dirigidas por el TPFE.

Tanto el TS como el TC están de acuerdo en considerar al trabajo en prisión como una preparación para la vida en libertad, carácter de preparación que se superpone al carácter laboral, impidiéndose con ello se apliquen derechos y garantías básicos en las relaciones convencionales.

Pensión de alimentos

Se recuerda en la Guía, que en cambio, los presos siguen teniendo obligación de contribuir con la pensión de alimentos pese a estar presos -STS 3877/2014 -, de 14 de octubre, chocando esta interpretación con el contexto expuesto de carácter educativo del trabajo en prisión.

Transparencia en la adjudicación y juez competente

El derecho al trabajo -se dice en la Guía -, queda enterrado al quedar en función de las posibilidades de la Administración la creación de los puestos de trabajo. Es decir, según el presupuesto. En este ambiente el acceso a un puesto de trabajo no cuenta con un sistema transparente y objetivo; y, si bien existe un orden de prelación no se cumple con los estándares de convocatoria publica que debieran tener los puestos vacantes, resultando al final poco transparente su adjudicación. En este apartado de la Guía se significa, que si bien casi siempre es competente el Juzgado de lo Social para la resolución de los conflictos que pudieran generarse en el ámbito laboral, respecto al acceso al puesto de trabajo resulta competente el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Sobre el subsidio de excarcelación

La situación es tan precaria que no siempre resulta beneficioso trabajar en prisión. De hecho -se apunta -, de salir en libertad o tercer grado la prestación que se recibe es inferior a lo que se percibe por el subsidio de excarcelación (algo mas de 400 euros/mes), recomendándose que el interno abandone el puesto de trabajo un mes antes de su excarcelación para acceder al comúnmente llamado paro taleguero y no a la prestación derivada del trabajo realizado.

Control de horario y salario

Otra peculiaridad la encontramos en no poder negociar la jornada, el horario o el salario. No se cumple un control horario, y respecto al salario se apunta a que resultando el mismo inembargable se conmina a los internos a que con ese dinero vayan pagando la responsabilidad por su delito; y si bien el dinero recibido resulta suficiente para cubrir algún gasto dentro de prisión, no resulta suficiente para el sostenimiento de sus cargas familiares, que -como se ha explicado anteriormente-, son obligaciones que siguen vigentes.

Formación y prevención de riesgos laborales

La formación y la prevención de riesgos laborales -se dice -,cuentan con la misma cobertura legal que en el exterior.

Acción protectora 

Respecto a la protección de seguridad social -se continúa diciendo en la guía-, el RD señala que dispondrá de todas, excepto la incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral. Aquí, se hace especial mención a los extranjeros en situación irregular, que pueden trabajar (con autorización especial regulada por el Gobierno), pero nunca cobrar prestaciones de seguridad social.

Suspensión de los contratos

La suspensión de los contratos tiene su especialidad en los traslados por tiempo inferior a dos meses, razones de tratamiento, disciplina o aislamiento.

La extinción de la relación laboral

La extinción de la relación laboral tiene su especialidad en excarcelaciones, tercer grado, suspensión por más de dos meses. (En este último caso la extinción del contrato suele hacerse con carácter retroactivo, primero se realiza el traslado y luego la extinción de la relación laboral).

La Guía continúa con indicaciones de procedimiento, llegando al cese de la relación laboral, su recurso y la posibilidad de solicitar indemnización.

Derechos colectivos y extranjeros irregulares

Se finaliza con referencias a los derechos colectivos, y una especial mención a los extranjeros irregulares que obtienen su autorización para el trabajo a través de la resolución judicial que provoca su ingreso, sin obtener nunca el derecho a prestaciones de la seguridad social.

En definitiva, descripción de una situación un tanto esquizofrénica debido a, por un lado, la falta de condiciones en prisión para el trabajo, su regulación por Real Decreto, las sentencias del TS y TC rebajando el trabajo del interno a preparación para la libertad; y por otro lado, la necesidad de que el trabajo se desarrolle con todos los derechos y garantías.

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