Convenio de Estambul

Convenio de Estambul

El día 11 de mayo de 2011, el Plenipotenciario del Reino de España firmó en Estambul el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en la misma ciudad y fecha.

Dicho Convenio es vinculante para las Partes y respecto al Estado Español ha entrado en vigor el 1.8.2014, comprometiéndose a realizar cuantas modificaciones legislativas sean necesarias en el ordenamiento jurídico interno a los efectos de aplicación del Convenio en su totalidad.

A este respecto, la vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha declarado que las decisiones políticas y la legislación española se adaptan plenamente al Convenio de Estambul

El Convenio es bastante extenso, tiene 81 artículos y lo cierto es que en el ordenamiento jurídico interno se encuentra previsto y en aplicación desde hace ya bastantes años la totalidad de las medidas que el Convenio exige a que los Estados Partes tomen, incluso bajo amenaza de multas.

En cualquier caso, de la lectura del Convenio, siguen llamando la atención algunos conceptos, los cuales -aún hoy-, provoquen algunos ajustes en nuestra vida diaria.

Ámbito del Convenio

Así, sigue siendo llamativo, por ejemplo, el ámbito de aplicación del Convenio, el cual se define en el artículo 2.1, como:

            “El presente Convenio se aplicará a todas las formas de violencia contra la mujer incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.”

Definiciones

Realizándose en el artículo 3 una serie de definiciones a efectos del Convenio:

“Por violencia contra la mujer se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género, que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza, física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.” 

“por violencia doméstica se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica, que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima” 

por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres” 

“por violencia contra la mujer por razones de género se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada”

Estas definiciones llaman la atención por incluir en el concepto de violencia contra la mujer a sujetos que no, necesariamente, han sido cónyuge o han sido pareja, abriendo la posibilidad de que el sujeto activo sea un tercero; y parece zanjar la discusión, que en algún momento ha existido, sobre qué es considerado  violencia sobre la mujer, pues en el Estado Español algunas Audiencias Provinciales han interpretado que la violencia sobre la mujer necesitaba producirse dentro de un contexto de dominación masculino.

hondarribia

Llamamiento a promover cambios

El artículo 12 dice textualmente:

“Las Partes tomarán las medidas necesarias para promover los cambios en los modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a erradicar los prejuicios, costumbre, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y de los hombres.” (Uno piensa en cómo se van a solucionar situaciones como las del Alarde, pero, seguramente, habrá muchas que, desgraciadamente, nos pasan inadvertidas)

En el artículo 31 se exhorta a las Partes para que tomen las medidas legislativas necesarias para que se tengan en cuenta los incidentes de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio a la hora de acordar la guarda y custodia de menores. (Es de significar que habla de incidentes, no habla de condenas).

Prohibición de modos alternativos en resolución de conflictos

En el artículo 48 se prohíbe los modos alternativos de resolución de conflictos o imposición de condenas, para se exhorta a las Partes a tomar medidas para que queden excluidas los modos alternativos de resolución de conflictos, incluida la mediación y la conciliación en lo que respecta a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio (Entiendo, que tan clara prohibición alcanza a la justicia restaurativa, especialmente mencionada en el Proyecto de Estatuto de la Victima, y que se basa en la idea del diferente plano moral en que se encuentran víctima y autor del delito. Habrá que esperar a la redacción definitiva del Estatuto).

En el artículo 54 se prohíbe, expresamente, que en procedimientos judiciales se usen pruebas relativas a los antecedentes sexuales y al comportamiento de la víctima, salvo que sean pertinentes y necesarias. (Se intenta cortar el paso a la doble victimización).

Forma de persecución 

En el artículo 60 la violencia contra la mujeres deberá ser considerada y debe pasar a reconocerse como una forma de persecución de las de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967, y como una forma de daño grave que da lugar a una protección complementaria o subsidiaria. (Circunstancia de género que ya aparece recogida en el artículo 3 de Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria).

Nota tras la publicación del post

Nota 1: Tras la publicación de este post lo dicho en el articulo 31 del Convenio se ha visto matizado por las posteriores sentencias del Tribunal Supremo en cuanto a la custodia compartida.

Nota 2: en fecha 20.21.2017 se ha dictado por la Audiencia Provincial de Asturias la primera sentencia que aplica la agravante de desprecio de género.

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