DERECHO A LA VIVIENDA, DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO, EJECUCION HIPOTECARIA.

DERECHO A LA VIVIENDA, DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO, EJECUCION HIPOTECARIA.

Vivienda y Constitución Española

En la Constitución Española se reconoce el derecho a la vivienda en el artículo 47 y se hace de la siguiente manera:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Vivienda y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

En el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su artículo 11, cuando recoge  el derecho a la vivienda lo hace, como sigue:

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

Vivienda e informe de la Relatora Especial

El Derecho a la vivienda ha sido objeto de los informes anuales elaborados por la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Raquel Rolnick. El último informe es de agosto de 2012.

Protocolo Facultativo del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Además, mediante resolución A/RES/63/117 de 10 de diciembre de 2008 se ha adoptado el Protocolo Facultativo del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Protocolo establece el procedimiento para que los ciudadanos y grupos de ciudadanos, una vez agotado el ordenamiento jurídico interno, puedan presentar comunicaciones al Comité y éste pueda iniciar una investigación. El Protocolo ha sido firmado por el Estado Español y es cuestión de meses que entre en vigor, faltando únicamente que algunos países más se adhieran al Protocolo Facultativo. Se acaba así con la laguna existente para hacer valer los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o si se quiere de los Derechos Humanos de Segunda Generación.

Vuestro nivel de vida es nuestro nivel de muerte7

Así las cosas, la Relatora Especial Raquel Rolnick dice, al hablar del marco de los derechos humanos relativo a la financiación de la vivienda:

 “16. Las políticas de financiación de la vivienda afectan directamente al componente de la asequibilidad del derecho a una vivienda adecuada (artículo 11, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Los Estados deben establecer leyes, políticas y programas para asegurar que el porcentaje de los gastos relacionados con la vivienda se corresponda con los niveles de ingresos y que no amenace ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados también deben vigilar constantemente los efectos de sus políticas en la realización del derecho a una vivienda adecuada y controlar los aumentos desmesurados de los gastos relacionados con la vivienda.”

Es decir, el derecho que el ciudadano tiene reconocido en el Pacto Internacional es el de tener un nivel de vida adecuado, “paquete” dentro del cual se incluye la vivienda. El derecho a la vivienda conjugado con el derecho a un nivel de vida adecuado arroja el resultado de no permitirse que el nivel de endeudamiento de un ciudadano sobrepase un determinado porcentaje de sus ingresos. En el Estado Español las autoridades no han sometido al debido control a las entidades bancarias y éstas han concedido préstamos por encima de los límites de endeudamiento permitidos, condenando a gran parte de la población a vivir con un nivel de vida no adecuado, lo cual ha producido la vulneración de los derechos humanos de segunda generación.

En la actualidad sería conveniente que, las defensas de personas que padecen el sobreendeudamiento, hagan valer el derecho a una vivienda digna y el derecho a un nivel de vida adecuado, tal como aparece en el Pacto, para una vez agotado el ordenamiento jurídico interno, poder acceder mediante comunicación al Comité.

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