DERECHO AL OLVIDO

DERECHO AL OLVIDO

(ver notas in fine)

Con fecha 29 de diciembre de 2014 se dictó sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de la Contencioso Administrativo, por la que se desestimaban los recursos interpuestos por las representaciones de Google, contra resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que daban la razón a la oposición del primer ciudadano europeo respecto al tratamiento de sus datos personales por el buscador.

En concreto, este ciudadano, se opuso al hecho de que introduciendo su nombre y apellidos en el buscador Google apareciera un enlace en el que se hacía referencia a una subasta de un bien inmueble de su propiedad ocurrida hace 16 años. Antes de ello, como actos preparatorios de su oposición a la gestión de sus datos personales, había enviado un requerimiento al buscador y un requerimiento al periódico propietario de la noticia en que aparecía la noticia y sus datos personales.

La AEPD le dio la razón, respecto a la gestión de sus datos por el buscador, en el sentido de que se se debia desindexar dicha noticia para que dejara de aparecer en el buscador, tras la introducción de su nombre y apellido. Dicha resolución fue recurrida por la representación procesal del buscador a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Ante el recurso del buscador surgieron tres tipos de problemas. El primero, referido a la competencia de la Audiencia Nacional a la vista de la nacionalidad del buscador; el segundo, referido a si el tratamiento de datos objeto del procedimiento era materia de la normativa europea así como la relación de la normativa con los buscadores y el propietario de la noticia, donde aparecieran los datos personales; y, por último, la legitimación pasiva de los buscadores.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, a la vista de que la normativa básica a aplicar era la Directiva 95/46/CE envió una cuestión prejudicial sobre todo ello al Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE), el cual dictó sentencia aclarando todos los puntos, que en la cuestión prejudicial aparecían como controvertidos.

Tras ello, se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso Administrativo resolviendo, mediante ponderación, el conflicto existente entre la protección de datos y las libertades de expresión e información. Para realizar la ponderación de los derechos en conflicto se tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque se menciona el la Carta de Derecho Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Del juicio de ponderación se concluye, básicamente, en que no puede realizarse oposición al tratamiento de gestión de datos, directamente, sobre el propietario de la noticia (para eso hay otros procedimiento), pero sí sobre los buscadores, que gestionan los datos personales. Es decir, debe realizarse la oposición frente al buscador al objeto de que proceda a la desindexación de dicha noticia y no aparezca tras la búsqueda del nombre y apellido del propietario de esos datos.  Dichos datos no deben ser de utilidad pública o servir de información general para lo que hay que estudiar el caso concreto. La oposición se realiza a través de la AEPD y de los tribunales competentes.

Esta ha sido la primera sentencia da la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 dictadas, sobre esta materia. El balance ha sido, tras el examen del caso concreto, 14 a favor de la desindexación, 4 en contra.

Tras la sentencia del TJUE, pronunciándose sobre la cuestión prejudicial, ha habido una avalancha de solicitudes solicitando la desindexación (derecho al olvido), cifrándose en unas 170.000 en toda Europa. A la cabeza de número de solicitudes se encuentra Francia, encontrándose el Estado Español en cuarto lugar. La principal queja, de momento, es que el buscador no procede a la desindexación con la agilidad que fuera deseable. Existen problemas concretos y llamativos con la desindexación de noticias que hacen referencia a delitos de violencia de género, o de pornografía infantil, noticias dando cuenta de condenas por delitos concretos, las notificaciones de indulto, y un largo etcétera de casos concretos, los cuales irán dando lugar a una profusa jurisprudencia sobre la ponderación de los derechos en colisión (protección de datos personales, expresión e información).

Se espera, que el número de solicitudes en aplicación del llamado «derecho al olvido» vaya en aumento en este primer acceso a la oposición de la gestión de datos personales realizada por los buscadores.

NOTA: El TS ha reconocido en STS de 19.10.2015 el derecho al olvido digital de dos procesados implicados en un caso de drogas en los ochenta, dando muestras del avance de la jurisprudencia en la ponderación entre libertad de expresión e información.

NOTA 2: El TS ha dictado sentencia de 14.3.2016 declarando nulas las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos atendiendo los recursos planteados por Google Spain SL. Lo que se recoge en el post dedicado a la sentencia y nota de prensa del TS.

NOTA 3: El TC mediante sentencia fechada a 4.7.2018 establece que utilizar nombres propios como criterio de búsqueda puede vulnerar el «derecho al olvido»

NOTA 4: (2018.12.3) el derecho al olvido va a venir regulado en los articulo 93 y 94 de la Ley Orgánica de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

NOTA 5: con fecha 17.1.2019 se da a conocer sentencia del TS que ampara el derecho al olvido frente a una noticia parcialmente inexacta.

Artículos Relacionados

Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.