Derecho penal

Tras las reformas producidas en el año 2015, el año 2016 supuso la implantación de las mismas; entre ellas ha destacado la implantación del Derecho a la Defensa que cambia, totalmente, lo conocido hasta ahora en el ámbito de la asistencia letrada en el momento de la detención.

El desconcierto inicial en cuanto a la aplicación de los tipos de delito leve y la imputabilidad de algunas conductas anteriormente tipificadas como falta ha dado paso al asentamiento en su aplicación.

Otras medidas no acaban de asentarse; sucede, por ejemplo, con cuanto tiene que ver con los delitos de personas jurídicas.

Entre otras cosas, supongo influye el hecho de que por lo que yo sé, solamente, existe a día de hoy una condena en el Tribunal Supremo contra una persona jurídica en el ámbito penal.

Es de destacar la relevancia que adquieren, aunque sea a nivel teórico, la detención por perfil étnico o los delitos de odio.

En este pasado año 2016, también, se ha hecho una valoración negativa de la persecución penal de los delitos conocidos como de cuello blanco, pues la sanción penal solo concurre cuando las cantidades defraudadas son sumamente altas, lo cual en la actual situación de crisis económica no resulta fácilmente entendible.

En el campo procesal, también, destaca la nueva forma de aportación al proceso de los elementos probatorios telemáticos.

Tras todas las reformas producidas, causa estupor alguna noticia que a modo de globo sonda se lanza anunciando la completa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o de la legislación penitenciaria. Esta última, dado el desfase que existe, actualmente, en cuanto a la libertad condicional.

Recordar que el final del año 2015 -parece ser que debido a la inestabilidad que se avecinaba en cuanto a formación de gobierno-, en el ámbito penal, nos dejó:

• La Ley Orgánica 1/2015, y Ley 2/2015, ambas de reforma del Código Penal.
• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito(en este blog se comentó el proyecto de Estatuto)
• Ley 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana
• Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
• Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
• Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
• Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.
• Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.