EVOLUCION DE LA EJECUCION HIPOTECARIA

EVOLUCION DE LA EJECUCION HIPOTECARIA

Este mes de agosto se acaba de publicar el nuevo  Informe de la Relatora Especial, Raquel Rolnik, sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, presentado de conformidad de la resolución 15/8 del Consejo de Derechos Humanos.

El resumen de dicho informe es:

En el presente informe, la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada analiza el paradigma imperante de las políticas de vivienda, que se centra en la financiación como principal medio de fomentar la propiedad de las viviendas. El informe evalúa la repercusión que estas políticas de financiación tienen en el derecho a una vivienda adecuada de las personas que viven en la pobreza. La conclusión de la Relatora Especial es que la plena realización del derecho a una vivienda adecuada, sin discriminación, no puede promoverse exclusivamente con mecanismos financieros, sino que requiere políticas e intervenciones del Estado en materia de viviendas más amplias y holísticas. La Relatora pide que se abandone el paradigma de las políticas centradas en la financialización de las viviendas para adoptar un enfoque de dichas políticas basado en los derechos humanos.

El espíritu de esta recomendación es frontalmente contario a las medidas que se están tomando por el gobierno español, por ejemplo, con la modificación de la Ley de Arrendamientos, que actualmente se encuentra en fase de Proyecto. (La nueva ley de arrendamientos se tratará en post aparte, ya que la regulación de los arrendamientos viene siendo materia de este blog).

Desde el año 2007, año en que se sitúa el comienzo de la crisis económica, los primeros afectados por las ejecuciones hipotecarias fueron los ciudadanos extranjeros. Éstos, habiendo adquirido una vivienda mediante crédito hipotecario, quedaron en el paro y no pudieron hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias. Los extranjeros llegaron a ser titulares del 80 por ciento de las hipotecas ejecutadas.

A partir del año 2008 han sido jóvenes familias, que adquirieron su vivienda mediante el crédito hipotecario , las que han visto ejecutada su hipoteca, arrastrando con ello a quienes fueron sus avalistas; grupo éste último, que en la actualidad se estima tiene la titularidad del 20 por ciento de las ejecuciones en marcha.

Por último, desde 2011 se ha unido un nuevo grupo de afectados, compuesto por personas, que en los últimos años han refinanciado su negocio mediante hipotecas, pero que finalmente han tenido que hacer frente a su situación de crisis.

En un futuro próximo hay quien advierte que la recuperación de la economía europea no traerá la recuperación de la economía española, pero sí el aumento del Euribor, lo cual produciría un incremento de las ejecuciones hipotecarias afectando a nuevos grupos de población. Se estima que en la actualidad se estaria pagando una media de 400 euros menos, al mes, en los préstamos hipotecarios, debido al interés casi cero al que se encuentra el Euribor.

Por todo ello, se empiezan a escuchar cada vez más voces de preocupación intentando buscar una solución jurídica a los afectados, entendiendo lógico que si el gobierno «salva» la banca, alguien debe ayudar a los ciudadanos titulares de hipoteca. Pudiera resultar llamativo como las voces de preocupación se corresponden al alzarse con el grupo afectado por las ejecuciones, pudiendo reflejar el clasismo imperante en la sociedad en que vivimos.

A día de hoy la disputa en la ejecución hipotecaria pasa porque créditos que han sido concedidos por una entidad la cual en una operacion de fusión ha cedido sus activos y pasivos a otra entidad, y que no han realizado la inscripción en el Registro de la Propiedad del cambio de titularidad del crédito, pueden ver rechazada su pretensión de ejecución, tal como se dice en la sentencia de 12 de Junio de la Audiencia de Castellón.

NOTA: si bien es cierto que desde la publicación de dicha sentencia se han dictado otras en signo contrario refiriendo el caracter no constitutivo de la inscripción registral y teniendo en cuenta el efecto frente a terceros y no entre las partes de la inscripción, tambien es cierto que la sentencias favorables lo hacer argumentando la falta de cumplimiento formal por la ejecutante de aportar la certificación con la inscripción a su nombre en el Registro.

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