GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DEL ABOGADO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DEL ABOGADO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En junio de 2017 se ha conocido la Guía de Buenas Prácticas del Abogado de la Mujer Víctima de Violencia de Género. La Guía, elaborada por la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, pretende la correcta intervención profesional de los abogados en los casos de violencia.

Puntos de inflexión en la intervención profesional

En la presentación se hace memoria sobre la intervención del abogado en estos asunto resaltando cuatro puntos de inflexión:

1.- La creación de los primeros servicios de asesoramiento a mujeres víctimas de maltrato.

2.- La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección para las víctimas de la violencia doméstica, o que incrementó la intervención profesional en estos asuntos.

3.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral en las Víctimas de Violencia de Género, que instauraba la asistencia jurídica inmediata de las víctimas de violencia de género, estableciendo su carácter gratuito,

4.- Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, que reconocía el derecho a de asistencia jurídica gratuita con independencia de sus circunstancias económicas.

El ámbito

La Guía nace con la intención de unificar la actuación de los abogados adscritos a los servicios especializados en la asistencia a las mujeres, y circunscribe su ámbito de actuación a la definición del articulo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Proyección Integral,

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Esta demarcación del ámbito de aplicación se encuentra a la espera de las modificaciones en nuestro derecho para la adecuación a lo dispuesto en el Convenio de Estambul, que como ya comentamos en otro post, fija un ámbito de aplicación más amplio del concepto de violencia sobre la mujer.

En cualquier caso hay que tener en cuenta que el problema con el ámbito legal de los delitos de violencia de género no se agota con el Convenio de Estambul, como se trató en post aparte con motivo de la publicación de la Guía del Consejo General del Poder Judicial. 

Como puede apreciarse la delimitación del ámbito en los delitos de violencia sobre la mujer, es un nudo gordiano en esta materia, y no se encuentra del todo resuelto a día de hoy.

La denuncia

Hace ya unos 10 años que se instauró la asistencia previa a la denuncia. La instauración de esta asistencia previa a la denuncia se basó, sobre todo, en la necesidad de asesorar sobre el carácter público de la misma y dejar claro que una vez interpuesta la denuncia no es posible retirarla, pues la acusación por hechos que son delito contra las personas la ejerce el Fiscal al ser delitos públicos. El problema a solucionar venía en la cantidad de denuncias que se interponían y que luego querían ser retiradas por la mujer encontrándose con el impedimento legal de no poder retirar las denuncias por delito.

Durante la denuncia -dice La Guía-, se ha de procurar un relato exhaustivo; se solicitarán medidas de protección; la asistencia ha de ser integral (el mismo abogado asistirá en otros procedimientos civiles o administrativos que se deriven de la relación con el victimario); se procurará la toma de declaración como prueba anticipada o preconstituida de personas vulnerables por su edad  o por disminución de sus capacidades; se velará por darle trato de testigo protegido a la víctima.

Significar, que si se pretende la reproducción de la prueba anticipada en el acto del juicio oral  y evitar así la participación del menor o persona vulnerable, la jurisprudencia pide que exista un informe psicológico que avale esa vía en evitación del daño que el testigo pudiera sufrir por declarar en el acto de la vista. De esta forma pasaría la prueba anticipada como preconstituida al acto del juicio oral.

La Orden de Protección 

Continúa La Guía diciendo que se velará porque las partes no confronten ni física, ni visualmente; se intentarán individualizar las medidas penales a solicitar; de haber menores se solicitarán las medidas civiles; se advertirá de que tendrán una duración de 30 días; y, se solicitará evaluación de riesgo por la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI).

En el Juicio Rápido

Hay que tener en cuenta que el Juicio Rápido sólo procederá por el último de los episodios de violencia y que de existir habitualidad lo que proceden son las Diligencias Previas.

En las Diligencias Previas 

Se hacen en La Guía varias recomendaciones, pero llama la atención el que se pida responsabilidad civil por daño psicológico o daño moral, por la dificultad que dicha reclamación tiene.

En la fase de Ejecución 

Tras la publicación del Estatuto de la Victima, podrá participar tanto en la Ejecución como en la concesión de beneficios penitenciarios o libertad condicional que se tramiten ante el Juez de Vigilancia, si así lo hubiere solicitado. Estatuto de la Víctima, que fue objeto de post aparte.

Últimas modificaciones

Tanto la Ley Orgánica 8/2015, como la Ley 26/2015, refieren la especial protección de los menores, incluyendo en la primera la posibilidad de retirada de la patria potestad; y en la segunda la reforma del articulo 158 CC para adoptar medidas civiles que afecten a menores en la jurisdicción penal.

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