La desobediencia civil y la STS sobre el procés.

La desobediencia civil y la STS sobre el procés.

(ver nota in fine)

En ocasiones cuesta encontrar momento para ciertos asuntos. Este es uno de ellos; tienes que leer la sentencia del procés, pero hasta que no te hablan de ello y se aparece como algo cotidiano no lo haces.

Parece que la sentencia es para leer por capítulos. El índice de la sentencia indica que a la desobediencia civil le dedican el apartado 17.4. Y es cierto, tal como me habían comentado, en la sentencia se intenta resolver el debate sobre si la desobediencia civil es antijuridica o no. Recuerdo que hace ya muchos años en alguna ocasión defendí que las acciones de desobediencia civil pudieran defenderse por falta de culpabilidad, pues dado el ambiente favorable en que se suelen desenvolver, no parece que la culpa, como elemento integrante del tipo del delito, se manifieste claramente por alguna parte. Es decir, la falta de reproche en el entorno provocaría una falta de reproche penal.

En esa ocasión pudiera decirse que representantes electos no han hecho más que materializar el mandato de sus votantes y dado el ambiente de respaldo que encontraban, no aparecería como culpable la acción. Ciertamente, el caso es mucho más complicado que esto, pero es la idea sobre la que partiría la argumentación de falta de culpabilidad. Ya en aquel antiguo debate mis compañeros me dijeron que no, que las acciones de desobediencia civil se defendían con la falta de antijuricidad. Es decir, la defensa se articula en base a que la acción objeto de enjuiciamiento no es contraria al ordenamiento jurídico.

Por eso la desobediencia civil siempre se apoya en algún derecho internacional o en el derecho natural. Mi profesor de Derechos Humanos dijo en una ocasión que el derecho positivo se acuerda de los Derechos Humanos cuando se acuerda. Por eso estudiábamos Derechos Humanos bajo la dirección de un catedrático de filosofía del derecho. Hay quien opina que no, que los derechos humanos solo son los que se encuentran recogidos en el derecho positivo internacional. Supongo que esta controversia puede dar para mucho, pero supongo también tiene que ver con saber si algo es antijurídico o no. Como se suele decir, si es contrario o no a los metavalores del Derecho.

Lo cierto es que por definición la acción de desobediencia civil no suele ser ajena a la totalidad del ordenamiento jurídico y al ejecutarse se suele hacer a amparo de derechos que se encuentran recogidos en los textos internacionales o en el derecho natural, y que se entienden seccionados por el ordenamiento jurídico interno. De esto trata el apartado 17.1 de la sentencia, que versa casi exclusivamente sobre si existe o no el derecho de autodeterminación. La sentencia concluye en que tal derecho no existe, motivo por el cual la pretendida inclusión de la acción en el ordenamiento jurídico resulta fallida. Podría añadirse al debate que el bien jurídico protegido por el derecho de autodeterminación es la libertad deambulatoria. En este caso la libertad deambulatoria de un sujeto colectivo, el pueblo catalán, el cual tiene derecho a dirigirse hacia alguna parte. Todo esto ya daría lugar a otro post, pero en lo que aquí interesa la sentencia del Alto Tribunal considera la conducta enjuiciada ajena al ordenamiento jurídico (sobre el derecho de autodeterminación ya traté en otro post).

Pensando sobre estos temas se suele llegar a conclusiones extravagantes. Supongo es consecuencia de que alguna premisa falla. De esta forma el respeto a las minorías, es cierto, va ganando terreno, pero cuando se llega a que estos derechos colisionen con la unidad de España, ente ideal o territorial, parece ir desapareciendo dicho respeto a los derechos de las minorías. Supongo, es cuestión de momento histórico. Hace un tiempo escuché que la globalización como proyecto de que todos seamos iguales había fracasado. Supongo que el caso catalán es una muestra de ello, pero el empecinamiento en que todos seamos iguales les impide progresar. Es decir, no voy a echar las culpas solo al nacionalismo español, el cual sí encuentra amparo en este caldo de cultivo que es la globalización.

Una vez que la sentencia decide sobre la antijuricidad de la conducta enjuiciada pasa al debate  sobre la legitimidad o no de la desobediencia civil, pues habla de la idoneidad de la desobediencia civil para resolver situaciones injustas, y se acaba preguntando quién puede arrogarse la legitimidad para decir si una situación es injusta o no. Lo cierto es que la propia sentencia recoge que la desobediencia civil es un instrumento de las minorías, pues -como es sabido-,  de ser mayoría cambiarían el marco jurídico y no les haría falta desobediencia civil alguna. Entonces, tenemos que partir de la base de que el sujeto de la desobediencia civil es una minoría y su legitimidad para decir si existe una situación injusta -digo yo-, será si con esa norma se te cercenan otros derechos justos. En este caso la libertad deambulatoria de un pueblo, no parece poca cosa.

Aquí, la sentencia parece apartarse de la persecución de la desobediencia civil y dice expresamente que no persigue acciones de desobediencia civil, sino a políticos que detentan el poder en la estructura autonómica del Estado esgriman una actitud de demoledora desobediencia frente a las bases constitucionales del sistema de las que, no se olvide deriva su propia legitimidad democrática. Es decir, la sentencia parece separar la desobediencia civil buena, ética y soportable por el ordenamiento jurídico; de los hechos que aquí se juzgan, tratándose -aquí -, de creación de normas (de desconexión), lo que no puede ser explicado como la simple ejecución de actos omisivos de disidencia frente al poder estatal (lo que al parecer al Alto Tribunal, únicamente, le parece desobediencia civil). De hecho, añade, no se ha traído a ninguno de los ciudadanos que fueron a votar el 1-O a este juicio (parecen querer decir que estos votantes son los considerados por ese tribunal desobedientes civiles y no los que son juzgados en este procedimiento).

Lo cierto es que, puede decirse, los hoy condenados quisieron evitar los hechos que se están produciendo ahora, que muchas personas se vieran involucradas en hechos como los que se ven estos días; y, que para intentar evitarlo crearon -en este caso con promulgación de leyes de desconexión -, espacios libres de coacción del Estado.

Y aquí hay un punto importante a tener en cuenta. Tanto en la sentencia, como en la vida cotidiana, se habla de la desobediencia civil como instrumento de presión o como campaña de boicot. Esta consideración de la desobediencia civil lleva a privar a la misma de valores y a no encontrar explicación teórica a ciertas situaciones. Entiendo que la creación de espacios liberados de poder coaccionador del Estado solo puede explicarse desde el punto de vista de la noviolencia, pues la rebaja de poder coaccionador y de fomentar espacios de libertad se explica a través de la rebaja de la violencia estructural. Atender a los núcleos de los conflictos y resolverlos, también, pues evita el que los mismos se reproduzcan.

Haciendo un paréntesis diré que esta postura siempre ha sido objeto de mofa por no dar cabida a reconocer que la violencia a veces es necesaria. Lo cierto es que las estrategias son cuestiones de oportunidad, no máximas que todo lo abarcan. Otra cosa es que elegida la estrategia y dado lo ambicioso del proyecto tengas que hacerte con toda una cosmovisión, pues de otra forma a ver cómo haces frente a proyectos de tal envergadura. Pero para no perder la orientación hay que ser consciente del origen.

La sala concluye en que el Sr Cuixart debe ser condenado por liderar la ejecución de decisiones judiciales cuando abanderaron la derogación de facto -impuesta- de los principios constitucionales…

En resumen, la sentencia dice que es cierto la desobediencia civil no es algo malo per se, pero en este caso se castiga por antijuridica, pues es ajena al ordenamiento jurídico. No se toleran espacios ajenos al poder coaccionador del Estado; ni se consideran, los hechos desobediencia civil; ni que obedezcan a los principios de la noviolencia, pues se consideran que los compromisos con ideas políticas y sociales del hoy condenado, nada tienen que ver con lo que hizo (lo privan de carácter ideológico o desobediente).

En resumen, la sentencia no se atreve a condenar abiertamente la desobediencia civil, tampoco a estigmatizarla, para ello separa los hechos no calificándolos de acciones de desobediencia civil (aunque no encajan en ninguna de las otras acciones que la propia sentencia enumera: objeción de conciencia, resistencia, desobediencia revolucionaria). Al margen de la cuestión jurídica sí parece abrirse una lucha ideológica sobre si se ejercita o no desobediencia civil y si el Estado la penaliza. Y este debate no es poca cosa. De hecho una vez me dijeron que los presos eran de tres categorías: violentos, psicóticos y contra la propiedad. Si no eres de una de esas categorías te tienen que meter en una. Es decir, no soporta el Estado con facilidad el encarcelamiento de desobedientes civiles, por eso la sentencia permite el tercer grado con antelación. Supongo no puede darse un cierre porque continuará…

Nota: con fecha 12.11.2019 se ha presentado por la Fiscal General del Estado el curso para fiscales sobre el procés, haciendo énfasis a la mención escolástica, que la sentencia hace sobre la desobediencia civil.

 

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