LA JURISDICCION UNIVERSAL EN LA AUDIENCIA NACIONAL

LA JURISDICCION UNIVERSAL EN LA AUDIENCIA NACIONAL

La jurisdicción universal responde a un principio de solidaridad y de defensa de los DDHH, en virtud del cual se considera que delitos de tanta gravedad -como los de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería-, han de poder ser enjuiciados por cualquier tribunal. Básicamente, se trata de que la impunidad deje de existir.

A nivel internacional, el principio de jurisdicción universal, se encuentra recogido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (9 de diciembre de 1948), la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (26 de noviembre de 1968) y en los Principios de Cooperación Internacional den la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los culpable de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad (3 de diciembre de 1973).

La manifestación práctica de estos principios se encuentra en la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

En el ordenamiento jurídico interno del Estado Español el principio de la jurisdicción universal se recogió en el artículo 23.4 de la LOPJ.

Fue tal la repercusión y el desconcierto legal que produjeron las causas abiertas en la Audiencia Nacional bajo el principio de la jurisdicción universal, que con fecha 3 de noviembre de 2005 se tomó un Acuerdo Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para la unificación de criterios en la interpretación del artículo 23.4 LOPJ. Finalmente, se produjo la reforma del articulo 23.4 LOPJ  mediante la Ley Orgánica 1/2009 -que tenía por objeto la implantación de la Oficina Judicial-, sin provocar debate previo, ni ulterior, por mucho que se haya escrito sobre el alcance de esta reforma. El artículo 23.4 LOPJ se reformó en el sentido de limitar el alcance de los apartados 3 y 4 de este artículo, especialmente, con la redacción in fine del apartado 4, que literalmente dice:

“Sin perjuicio de lo que  pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.

El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando queda constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que es refiere el párrafo anterior.”

Según Amnistía Internacional el listado de casos, que con mayor o menor fortuna se han tramitado en la Audiencia Nacional son:

  1. Guatemala (1999), que cuenta con la imputación de Ríos Monti y 7 más.

  2. Couso (2003). Se siguió contra tres soldados americanos por los disparos que acabaron con su vida. Fue archivada la causa por el Tribunal Supremo.

  3. Falun Fong (2003). Por la represión contra los enseñantes de la religión Falun Gong en China.

  4. Ruanda (2005). Pendiente del resultado de Comisión Rogatoria enviada a China con la consulta de si dichos hechos se investigan allá.

  5. Sahara (2006), se encuentran 13 gobernantes y militares marroquíes imputados.

  6. Atenco (2008) por la represión campesina en México.

  7. Campos de Concentración Nazis (2008), se sigue contra 3 ex-guardias de las SS.

  8. Gaza (2008). Existe investigación, y

  9. El caso Guantánamo (2009), el cual se encuentra pendiente de  comisión Rogatoria enviada a EEUU con la consulta de si dichos hechos se investigan allá.

Como jurisprudencia destacada tenemos: la STS 327/2003 (Guatemala), finalmente anulada por la STC 237/2005, SATS 1362/2004 y STS 319/2004. También, los Autos de la Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 1998 (Chile) y 4 de noviembre de 1998 (Argentina).

Esta lucha contra la impunidad universal se lleva a cabo por un tribunal, como la Audiencia Nacional, que no olvidemos es un tribunal especial. Además, ante dicho tribunal se han formulado, desde su creación hasta nuestros días, denuncias de tortura por la práctica totalidad de los detenidos vascos, que luego han prestado declaración en él.

Las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional son recurribles ante el Tribunal Supremo y éste, respaldó, que no se investigaran los crímenes del franquismo utilizando entre otros argumentos, la validez de la Ley de Amnistía. Es de significar que estas leyes de punto final -como lo es la Ley de Amnistía-, son consideradas como no válidas universalmente, existiendo la recomendación de Naciones Unidas al Estado Español de que se derogue dicha Ley y se investiguen los crímenes del franquismo. Es de significar, también, que este año 2013,  representantes de Naciones Unidas están acudiendo sobre el terreno a fin de evaluar los avances en las investigaciones de dichos crímenes.

En consecuencia, siendo el Derecho un procedimiento para la resolución de los conflictos y un instrumento adecuado para la búsqueda de la paz atendiendo la causa de los problemas, llama la atención que en el Estado Español se despliegue una actividad tan importante sobre conflictos foráneos y ninguna sobre los propios, constatándose que por el poder dominante se ha implantado una cultura de examinar los propios, como hechos históricos en los que nada hay que resolver.

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Publicado / DDHH

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