LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS EN LOS JUZGADOS DE MENORES

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS EN LOS JUZGADOS DE MENORES

En el artículo 15 LORPM se recogen los plazos de prescripción para el ejercicio de la acción de responsabilidad penal de los menores. Respecto a las faltas, se dice en el articulo 15.1.5 LORPM que prescribirán a los 3 meses (no a los 6 meses como dice el artículo 131.2 CP para los mayores).

(Nota tras la publicación del post: debido a la publicación de la Ley 1/2015 de reforma del Código penal se ha publicado un nuevo post, de fecha 2.4.2015, aunque la situación no ha variado).

Ley Orgánica 5/2010

Con la reforma del CP, según Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, el artículo 132.2 quedó redactado de la siguiente manera:

  1. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:
  2. Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

Es decir, solo una resolución judicial que reúna los requisitos del artículo 132.2.1 CP puede interrumpir la prescripción. Este artículo del Código Penal es aplicable al procedimiento de menores de conformidad con la Disposición Final 1ª de la LORPM.

La especialidad en el procedimiento de menores es que la instrucción la realiza la Fiscalía, sin intervención del Juzgado de Menores y, por tanto, en ningún momento se dicta una resolución judicial capaz de interrumpir la prescripción conforme al artículo 132.2.1 CP.

En consecuencia, es fácil y común, que la instrucción sobrepase el plazo de tres meses de prescripción establecido para las faltas antes de que la instrucción en Fisclía se dé por finalizada. Una vez finalizada, se remite la misma al juzgado de menores y, entonces sí, se dicta el auto de apertura de la fase de audiencia, resolución que sí recoge los requisitos del articulo 132 CP (pero normalmente, como se ha dicho, se han sobrepasado los tres meses de prescripción).

Es decir, en el 90% de los procedimientos que imputan, únicamente, faltas a menores se produce la prescripción de la misma. Prescripción que, a día de hoy, no se recoge de oficio, ni es alegada por las partes, encontrándose este “conflicto jurídico nuevo” resuelto, únicamente, en alguna sección de la Audiencia Provincial de Barcelona, y -por cierto- de forma favorable a reconocer la prescripción.

A fecha de hoy, parece que este conflicto jurídico creado por el olvido del legislador, al no haber conjugado el “nuevo artículo 132 CP” con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, se encuentra no solo sin resolver, si no pendiente de ser planteado en la mayoría de los juzgados de menores del Estado. El resultado es la existencia de una auténtica espada de Damocles para el actual funcionamiento de los Juzgados de Menores y de la instrucción en Fiscalía.

Ante esta situación la “Circular 9/2011 sobre criterios para la unidad de actuación del ministerio fiscal en materia de reforma de menores”, tras reconocer que la instrucción Fiscal no puede tener efectos interruptivos de la prescripción, dice que, o bien la resolución que dicta el juez al amparo del articulo 16 LORPM sí la tiene (a lo que se responde que suele carecer de motivación y que únicamente tiene un carácter de mero trámite, revistiendo normalmente forma de providencia, no reunión en consecuencia los requisitos del artículo 132.2 CP), o bien, que la comunicación que realiza la Fiscalía al Juzgado de Menores tiene carácter de denuncia ante un juzgado y que en consecuencia es capaz de suspender –que no interrumpir- el plazo de prescripción conforme al artículo 132.2.2 CP.

En contra de esta última argumentación se dice -a mi juicio con buen criterio-, que la instrucción en fiscalía se realiza sin estar sometida a contradicción y que en consecuencia nada de lo que dimana de ella puede equipararse a una denuncia con “garantías”, que es lo que tradicionalmente salvaguarda el órgano judicial.

En resumen, habiéndose planteado el conflicto en la Audiencia de Barcelona, se han dictado resoluciones por las que, en las condiciones descritas, se declara la prescripción de la acción penal por faltas y parece puede ir extendiéndose el planteamiento a otros juzgados de menores, donde este conflicto está pendiente de resolver (como sucede en mi circunscripción).

Nota tras la publicación del post

Nota: debido a la publicación de la Ley 1/2015 de reforma del Código penal se ha publicado un nuevo post, de fecha, 2.4.2015, aunque la situación no ha variado.

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