LEY CIVIL VASCA

LEY CIVIL VASCA

Este mes de julio se han publicado en el BOPV la Ley 5/2015, de 25 de junio de Derecho civil vasco, y la Ley 7/2015, de 20 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores. Estas dos leyes, junto con la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, componen el cuerpo legislativo civil vasco.

Esta Ley Civil Vasca encuentra apoyo legal en el artículo 149.1.8ª de la Constitución Española de 1978 y en el artículo 10, apartado 5 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, ambos dedicados a la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil, foral y especial, escrito o consuetudinario, allá donde exista, refiriéndose en este caso, al propio de los territorios históricos que integran el País Vasco.

La Ley 5/2015, según su exposición de motivos, recoge el derecho tradicional y consuetudinario, pero adaptado a la sociedad vasca actual, la cual ya no es solamente rural. La interpretación del Derecho Civil Vasco, además, se hará conjuntamente con el Código Civil, así como de acuerdo al derecho comunitario europeo, el cual ya comienza a influir, también, en el derecho privado.

Dejando los primeros artículos de la Ley bien sentado, que en defecto de ley vasca –de carácter dispositivos-, regirá como supletorio el Código Civil –salvo el carácter exclusivo de la troncalidad en Bizkaia, Llodio y Aramaio-, se abordan temas como: la vecindad civil vasca, el testamento «hil buruko», la reducción de la legitima a los descendientes, la «desheredación«, el testamento mancomunado, el nombramiento de comisarios que realicen la adjudicación de la herencia, la preterición de la legitima a favor de los nietos, la equiparación de la pareja de hecho al matrimonio, el pacto sucesorio, y la comunicación foral de bienes como régimen económico matrimonial. 

Por su parte, la Ley 7/2015 de 30 de junio de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores -conocida publicitariamente como la Ley de custodia compartida-, trata temas como: los pactos en previsión de ruptura de la convivencia y el convenio regulador, el régimen de custodia compartida sin que la alegación de mala relación entre los cónyuges sea un obstáculo para ello y sea en interés de los menores; y por último fija un novedoso criterio sobre atribución del uso de la vivienda, dedicando una extensa regulación a la atribución del uso de la vivienda por necesidad.

Por último su Disposición Transitoria dice textualmente:

“las normas de esta Ley serán de aplicación a la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas con anterioridad a su entrada en vigor, cuando alguna de las partes o el Ministerio Fiscal lo soliciten y el juez estime que se dan las circunstancias recogidas en ella.”

Es decir, es posible la revisión de los convenios reguladores existentes, sin que hayan cambiados las circunstancias de hecho, que existían cuando se adoptaron.

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