Libertad en internet (canon digital)

Libertad en internet (canon digital)

Los artículos 270, 271 y 272 CP comienzan tipificando el delito de “piratería” como:

“…el que con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.”

Para luego determinar, un subtipo penal disminuido pensado para los delitos de “top manta”, y un subtipo penal agravado para cuando el delito tiene especial importancia por la cuantía económica, el uso de menores, o la pertenencia a una organización que tenga estos fines.

Lo cierto es que hasta la fecha no ha habido ni una sola condena penal por el intercambio de archivos P2P en Internet, pues la copia privada y el intercambio está permitida, aunque nos quieran hacer creer que no.

De hecho, el canon digital existía como medio de pagar las copias privadas, pero tras sufrir reveses en la Sala de lo contencioso administrativo de la audiencia nacional (2008) y en el Tribunal de Justicia Europeo (2010) donde se le tachaba de abusivo e indiscriminado despareció finalmente el 31.12.2011. El canon se sustituyó por la compensación equitativa por copia privada, que encuentra amparo en la Ley de Propiedad Intelectual, en concreto en su artículo 25, según redacción dada por Ley 23/2006 de 7 de julio, y en la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos del derecho de autor, y por la que, básicamente, si el Estado miembro reconoce la copia privada, ha de reconocer a los autores una compensación equitativa.

Estando prácticamente derogado el canon se publicó la Ley Sinde, que no es otra cosa, que la Disposición Final Cuadragésima Tercera de la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Mediante esta Disposición Final se acuerda la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.”

Para ello, esta Disposición Final, crea una Comisión de Propiedad Intelectual, a cuya Sección Primera le dota de unas competencias en mediación y arbitraje, creando una Sección Segunda con competencias para poder cerrar páginas web, cuando esta Sección entienda se están vulnerando derechos de propiedad intelectual. Finalmente, se modifican algunos artículos de la Ley de lo contencioso administrativo.

LIBERTAD EN INTERNET

Al conocerse el contenido de la Ley Sinde, un grupo de personas redactó  un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, el siguiente:

“Ante la inclusión en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial –un organismo dependiente del Ministerio de Cultura– la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y cualquiera emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basa en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deben buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

 9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.”

A día de hoy la Ley Sinde no ha dado los frutos esperados por la industria del entretenimiento, los grandes portales siguen activos, la persecución a los P2P no está aprobada, aunque se baraja la posibilidad de prohibir la copia privada. Ante todo ello, los hacktivistas parecen tener un repertorio de respuestas lo suficientemente amplio como para defender su manifiesto por mucho tiempo. Y muchos esperamos que así sea…

Notas tras la publicación del post

Nota 1: el canon digital se pagó a cuenta de los presupuestos del estado a partir del  Real Decreto 1657/2012 .

Nota 2: con fecha 11.5.2016 el TS anuló el Real Decreto 1657/2012 por ser contrario a la normativa europea.

Nota 3: con fecha 3.7.2017 se ha publicado el Real Decreto Ley 12/2017 recayendo sobre los distribuidores  de soportes.

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