MINAS ANTIPERSONAL y DERECHO HUMANITARIO

MINAS ANTIPERSONAL y DERECHO HUMANITARIO

Las minas antipersonal están diseñadas para causar heridos y colapsar los servicios médicos, degradando de esta forma la moral de las tropas. Estos pequeños artefactos funcionan cincuenta años después de su colocación, y si bien su coste de fabricación no supera los dos euros, su retirada se calcula alcanza la suma de unos setecientos cincuenta por unidad.Si bien los Derechos Humanos responden a un proceso de humanización del derecho, derivado de la organización del poder estatal frente al individuo; el Derecho Internacional Humanitario somete las relaciones bélicas internacionales a un régimen humanitario, limitando el derecho de las partes envueltas en conflictos a elegir arbitrariamente los medios utilizados.

Así, mientras el Derecho Internacional Humanitario lo integran normas de urgencia que se aplican en conflictos armados, los Derechos Humanos se aplican en tiempo de paz.

Resultado de una campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres, que comenzó en 1992 y que ganó el premio Nobel de la Paz en 1997, es la Convención sobre prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.

El Preámbulo de la Convención comienza diciendo: “Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento, …”

Cada Estado parte se compromete a la destrucción de las minas antipersonales en el plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de la Convención desde que el Estado se hace parte. Los Estados, también, se comprometen a prestar la cooperación y asistencia internacionales necesarias para la limpieza de campos minados.

Se calcula que las minas antipersona provocan cada año más de 20.000 víctimas (o lo que es lo mismo, una víctima cada 20 minutos), principalmente civiles, muchas de ellas tras haber pasado mucho tiempo tras el cese del conflicto. Por eso, cada Estado parte, que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asitencia para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y económica, así como para los programas de sensibilización sobre minas.

La Republica Popular de China, La India, Rusia y Estados Unidos no son parte de la Convención. Ese hecho ha provocado que algunos intrumentos de ratificación tengan que ser acompañadas de, por ejemplo, la siguiente declaración:  El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte entiende que la mera participación en el planeamiento o ejecución de operaciones, ejercicios u otras actividades militares por parte de las fuerzas armadas del Reino Unido o por parte de nacionales del Reino Unido realizados en combinación con las fuerzas armadas de Estados que no sean Parte en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, abierta a la firma en Ottawa el 3 de diciembre de 1997, que desarrollen una actividad prohibida en virtud de la Convención no constituirá, por sí sola, ayuda, estímulo ni inducción a los efectos del apartado 1.c) del artículo 1 de la Convención.

Tipos de mina recogidas. (El excesivo

calor dañó las fotos).

El Sahara Occidental, en concreto la franja de terreno circundante al muro de 2700 kilómetros construido por Marruecos, es una de las zonas más minadas del mundo. Allí se encuentra una asociación internacional bajo mando militar británico coordinando las labores de limpieza de campos minados.

El Artículo 9 de la Convención, refiriendo las medidas de aplicación a nivel nacional dice: Cada uno de los Estados parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a los Estados Parte conforme a esta Convención, cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control.

El Estado Español ha sido, hasta hace escasamente tres años, una gran productora de minas antipersonal.

En la última reforma del Código Penal se ha incluido lo referente a las minas antipersona. En concreto, el artículo 566, ordinal 1º y 3º, y su apartado 2, quedan redactados como sigue:

«1. Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente serán castigados:

1.º Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas o biológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo, con la pena de prisión de cinco a diez años los promotores y organizadores, y con la de prisión de tres a cinco años los que hayan cooperado a su formación.

2.º […]

3.º Con las mismas penas será castigado, en sus respectivos casos, el tráfico de armas o municiones de guerra o de defensa, o de armas químicas o biológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo.

2. Las penas contempladas en el punto 1.º del apartado anterior se impondrán a los que desarrollen o empleen armas químicas o biológicas o minas antipersonas o municiones en racimo, o inicien preparativos militares para su empleo o no las destruyan con infracción de los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte.»

La modificación, como se apunta en la exposición de motivos de la reforma, viene motivada por la necesidad de atemperar la normativa interna a la internacional, especialmente a las directrices derivadas del Tribunal Penal Internacional y la ratificación por España de otros instrumentos de Derecho Internacional Humanitario, como la ya mencionada Convención de 18 de Septiembre de 1997 (Tratado de Ottawa).

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