NO HAY PLAZO PARA EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRAS UNA RESOLUCIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO

NO HAY PLAZO PARA EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRAS UNA RESOLUCIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO

Obligación de dictar resolución expresa

En un post anterior, a cuenta de la responsabilidad patrimonial de la administración, ya escribí sobre la obligación de dictar resolución expresa por parte de la administración (art. 42 LRJAP).

En dicho post, se hablaba de las dos oportunidades que tenía el administrado; la primera, al obtener la resolución expresa por parte de la administración; y, la segunda, en la resolución de un hipotético recurso contencioso administrativo.

Por ese motivo, se decía en dicho post que, aunque se hubiese producido una resolución por silencio negativo, valía la pena esperar la resolución expresa en el expediente. (momento en que se abre, nuevamente, el plazo para interponer un recurso contencioso administrativo).

Tras la resolución presunta por silencio negativo

Sin embargo, parecía existir un vacío de regulación en el tiempo transcurrido entre la resolución presunta, fruto del silencio negativo, y el momento -muchas veces muy lejano en el tiempo- de dictarse una resolución expresa.

En este desconcierto, latente durante ese periodo, interfería, especialmente, el articulo 46.1, segundo inciso, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:

 

Artículo 46.1.- El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto».

Es decir, pasados seis meses, tras la resolución por silencio negativo, y hasta el dictado de la resolución expresa -según el art. 46.1 LJCA-, parece que la posibilidad de interposición de recurso contencioso administrativo ha caducado.

Cuestión de constitucionalidad en relación al 46.1 LJCA

Por ese motivo la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Castilla La Mancha planteó cuestión de constitucionalidad en relación con el artículo 46.1 de la LJCA, por estimarlo contrario a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 CE.

Ese planteamiento dio lugar a que el Pleno del Tribunal Constitucional dictara Sentencia fechada a diez de abril de 2014 en la que, si bien desestima la cuestión de inconstitucionalidad, concluye en que:

«Los arts 42 a 44 LPC fueron modificados por la Ley 4/1999 teniendo a la vista el régimen legal de impugnación de los actos presuntos establecido en el articulo 46.1 LJCA, precepto que no fue derogado ni modificado con ocasión o como consecuencia de dicha reforma. Por tanto, habida cuenta de que, primero, el inciso segundo del art 46.1 LJCA que regula el plazo de impugnación del acto presunto subsiste inalterado; segundo, que tras la reforma de 199 de la Ley 30/1992 en los supuestos de silencia negativo ya no existe acto administrativo alguno finalizador del procedimiento (artículo 43.2 LPC), ni un acto administrativo denominado presunto basado en una ficción legal como se desprendía de la redacción originaria de la Ley 30/1992, y tercero, que la Administración sigue estando obligada a resolver expresamente, sin vinculación al sentido negativo del silencio [art 42.1 y 43.2 b) LPC], el inciso segundo del articulo 46.1 LJCA ha dejado de ser aplicable a dicho supuesto. En otras palabras se puede entender que, a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta a plazo de caducidad prevista en el art. 46.1 LJCA.»


Es decir, puede interponerse recurso contencioso administrativo frente a una resolución dictada mediante silencio negativo, pese a haber transcurrido el plazo de seis meses establecido para dicho supuesto en el art. 46.1 LJCA.

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