PRESCRIPCIÓN EN JUZGADOS DE MENORES Y NUEVO CÓDIGO PENAL

PRESCRIPCIÓN EN JUZGADOS DE MENORES Y NUEVO CÓDIGO PENAL

Esta materia fue objeto del este blog en un muy visitado post, publicado el 8 de enero de 2013.

En el BOE, de 31 de marzo de 2015 se ha publicado la Ley Orgánica 1/2015, por la que se reforma el Código Penal. El contenido de la reforma ha sido controvertido, y durante la tramitación de la aprobación de la Ley 1/2015, el Consejo General del Poder Judicial emitió informe consultivo sobre el anteproyecto de la, hoy, promulgada Ley 1/2015.

En lo relativo a la extinción de la responsabilidad criminal, el CGPJ se lamenta de que no se haya aprovechado la reforma para solventar un problema tan grave como el de la prescripción de las infracciones penales de menores.

Se recuerda en dicho informe (Folio 147), que “… La reforma del Código Penal por LO 5/2010 estableció un nuevo régimen de la interrupción de la prescripción de los delitos y de las faltas: la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito; indicando la regla 1 del articulo 132.1 CP que : “se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito””.

En el informe se concluye el apartado dedicado a la prescripción diciendo: “Constituye, por tanto, un problema que ha de ser solucionado, si no se quiere correr el riesgo de que los delitos cometidos prescriban por las peculiaridades del procedimiento de menores”. (La instrucción de la causa se realiza en Fiscalía, no habiendo resolución judicial alguna que interrumpa la prescripción).

Finalmente, con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se ha modificado el artículo 132 CP, pero nada se dice de la interrupción de la prescripción de las infracciones penales de menores, quedando la situación en manos de las distintas Audiencias Provinciales, aunque la doctrina de éstas ha sido prácticamente unánime en excluir el Decreto Fiscal de la eficacia interruptora partiendo de una interpretación literal estricta excluyente de una interpretación que sería claramente extensiva.

Es decir, tras la reforma, pese a la solicitud del CGPJ de aclarar la prescripción de las infracciones penales de menores, se da por buena la regulación existente con anterioridad, y se da por zanjando un conflicto que ha causado mucho desconcierto en los Juzgados de Menores.

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