PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VICTIMA DEL DELITO

PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VICTIMA DEL DELITO

Con fecha 1 de agosto de 2014 se ha dado a conocer por el Ministerio de Justicia el proyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito. Dicho proyecto obedece a dar respuesta jurídica y social a las víctimas, y no solo mediante una reparación penal o material, sino también, moral.

En la exposición de motivos se apunta a que el bien jurídico protegido es la dignidad de las víctimas, para con ello proteger la del conjunto de la sociedad.

Para su redacción se conjuga la necesidad de atemperar el ordenamiento interno a las Directivas europeas y, así, dar respuesta a las demandas de la sociedad local.

Normativa europea previa

Se dictó la Decisión Marco 2001/220/JAI, a la que siguió el Informe de 2009 en el que se levantó acta de que ningún país europeo había recogido en una sola Ley los derechos de las víctimas y, finalmente, vio la luz la Directiva 2012/29/UE del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.

Normativa estatal previa

A nivel local existe normativa que recoge los derechos de las victimas, según necesidades especiales. Así, tenemos: la Ley 35/1995, de 11 de diciembre de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (desarrollada por el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo), la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, así como la Ley 28/2011, de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral a las Victimas del Terrorismo.

VICTIMA 1

Sin embargo, el presente proyecto de Estatuto va más allá de las directrices, que se dan desde los órganos europeos y, por ejemplo, se incluye en el concepto de víctima indirecta supuestos que no vienen recogidos por la norma europea, aunque sí en otras normal internacionales, como la Convención de Naciones unidas de Desapariciones Forzadas. (Se recoge a los hijos –no del matrimonio- del cónyuge por primera vez).

En el Estatuto se trata de recoger el catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos, si bien se siguen haciendo remisiones a la normativa específica ya existente para víctimas con necesidades especiales.

Dado que no existe regulación local específica, pero sí europea, en el Estatuto, además, se da protección a dos grupos específicos de víctimas que hasta ahora, únicamente, aparecían recogidos en la Directiva 2011/2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de menores y la pornografía infantil, así como en la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de la víctimas, por la que se sustituía la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo.

Así:

–   El Título Preliminar del proyecto de Estatuto se habla de la definición de víctima y de quien ostenta dicha condición.

–      El Título I recoge derechos extraprocesales a toda víctima, con independencia de ser reconocida como parte penal en un procedimiento.

–        El Titulo II recoge los derechos de la víctima en cuanto a la participación en el proceso penal con especial énfasis en la participación de la víctima en la ejecución de la pena pudiendo presentar recursos contra autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria, para acabar con la justicia restaurativa, la cual supera la relación de igualdad que mantenían las partes en la hasta ahora conocida mediación penal.

–          El Titulo III aborda la protección y reconocimiento de las víctimas

–          El Titulo IV recoge las Oficinas de Asistencia a las Victimas de delito.

En la Disposición Adicional se prevé la evaluación periódica del Estatuto, y en las Disposiciones Finales se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se modifica el art 109, se introduce  el art. 109 bis, se modifican los artículos 110, 261, 281, 282, 284, 301, se introduce el art 301 bis, se modifican los artículos 334, 433, 448, el apartado 7 del 544 ter, el 544 quater y quinquies, los artículos 636, 680, 681 682, 707, 709, 730, 773, el apartado 2, regla 1ª del apartado 1 del artículo 779, los artículos 785.3, 791.2, y por último se modifica el artículo 126.2 de Código Penal.

Para los que hemos conocido a la víctima de un delito en la puerta de un juzgado al que acudía como testigo, y hemos visto se le ha comunicado sin ningún tipo de formalidad, ni por persona competente, que se había alcanzado un acuerdo entre el fiscal y el abogado defensor, que el juicio no se iba a celebrar y que, seguramente, jamás cobraría la responsabilidad civil debido a que el acusado parecía manifiestamente insolvente, y ello, además, no impedía la suspensión de la condena impuesta… pues solo cabe decir que se ha avanzado bastante, puesto que aquello atentaba contra la dignidad de las personas y la credibilidad de la justicia, cuestión la primera de ellas recogida en la exposición de motivos, cuando se habla de salvaguardar la dignidad de las personas como bien jurídico protegido.

Dicho lo anterior, lo más llamativo del Estatuto es la referencia a la participación procesal de la víctima en la ejecución de las grandes penas privativas de libertad pudiendo recurrir autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Esta previsión se hace manifestándose expresamente en la Exposición de Motivos que la Ejecución de la Pena sigue siendo patrimonio exclusivo del Estado. Si bien es llamativo, no es negativo en sí mismo, pero si es cierto deja alguna sombra sobre el uso que se le pueda dar. Estos asuntos, además, tienen un poder de contagio sobre el resto, pues se consideran ejemplos a seguir por ser extremos. (Véase el supuesto de Víctimas del Terrorismo).

VICTIMA 2

De la experiencia Latinoamericana, respecto a las víctimas de los conflicto, leí hace ya muchos años, un manual -no recuerdo cual-, en el que se fijaba como objetivo estratégico de las víctimas la reinserción social. Es decir, dejar de ser víctimas y volver a participar en la sociedad con normalidad. Para ello -se decía- es necesario ganarse el respeto de la sociedad entera. De esta forma, si una víctima realiza una actividad tendente a intervenir en la vida social y política desde su papel de víctima condicionando la vida cotidiana, en primer lugar se encasilla a sí misma en el rol de víctima y, además, no consigue el respeto de la sociedad, no alcanzándose, en consecuencia, nunca el objetivo natural de reinserción que una víctima debiera tener.

Esta idea, desde luego, no es absoluta y ha de ser matizada, puesto que las víctimas también tienen opiniones, necesitan realizar un proceso, etc…, pero este punto de vista ha de ser, necesariamente, tenido en cuenta si hablamos de políticas de paz y de resolución de conflictos. Punto de vista tan devaluado y marginal desde siempre.

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