REPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR

REPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR

Dentro de la abrumadora nueva legislación con la que se está cerrando esta legislatura, se ha publicado la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En esta Ley 40/2015, que entrará en vigor el 1.1.2016, se recoge en su Capitulo IV, del Titulo Preliminar, la regulación de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas. El artículo 32 recoge los mismos principios de responsabilidad patrimonial que se han manejado hasta ahora pero, en lo que aquí interesa, se hace expresa mención a la responsabilidad del Estado legislador.

Sobre la responsabilidad del Estado legislador se trató en post de este blog y en él se hizo eco de los problemas que presentaba este tipo de responsabilidad patrimonial, pues había que hacer un gran esfuerzo solo para averiguar encontraba su base en el articulo 139.3 LRPJ. Con esta frágil base en el ordenamiento, la responsabilidad del Estado legislador tenia una primera dificultad al no aparecer recogida, expresamente, en la legislación, respondiendo su existencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que enfrentó al Tribunal Constitucional cuando dictó las primeras sentencias sobre la responsabilidad del Estado legislador derivada de la declaración de inconstitucionalidad de una Ley. Jurisprudencia, que ha tenido una largar evolución hasta la STS de 2 de junio de 2010 (rec.588/2008) en la que se fijaban con mayor claridad de conceptos las bases en que se asentaba la jurisprudencia de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Jurisprudencia que añadió la responsabilidad del Estado legislador por declaración de nulidad de una Ley al ser declarada contraria al Derecho de la Unión Europea.

Ahora, el articulo 32 de la Ley 40/2015 recoge, expresamente, la responsabilidad del Estado legislador y especifica, tanto si la lesión deriva de la aplicación de una norma posteriormente declarada inconstitucional, como si la lesión es consecuencia de aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea.

Para que ambas acciones prosperen se exige, en el articulo 32, haber obtenido una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la resolución administrativa que ocasionó el daño, y que se hubiera alegado la infracción del derecho constitucional o de la Unión Europea, que se entiende lesionado. (Creo que este requisito no se exigía hasta ahora en la jurisprudencia).

Por lo demás, las reclamaciones seguirán resolviéndose en el Consejo de Ministros; pero ahora, en lugar de tramitarse la indemnización en el Ministerio correspondiente a la materia objeto de la lesión, se tramitarán en el Ministerio de Justicia. En cuanto al recurso contencioso administrativo, el mismoseguirá, como hasta ahora, siendo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Se especifica, también, en el articulo 32 de la Ley 40/2015, que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el BOE o en  el DOUE, según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

En cualquier caso se acaba con nebulosas referidas a si la trascendencia del derecho vulnerado por la norma declarada inconstitucional afectaba a la existencia o no de responsabilidad del Estado legislador, o si la imposibilidad de revisar sentencias firmes impedía la prosperabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial. Y es que, ahora, se expresa claramente en esta Ley -aún sin decirlo- que el valor de cosa juzgada de la sentencia que produjo el daño en aplicación de una norma posteriormente declarada inconstitucional no impide la acción de responsabilidad, pues son dos acciones distintas, dirigidas a dos demandados distintos, y en consecuencia no afecta por la institución de la cosa juzgada.

Una vez más, una cuestión sumamente compleja consigue, tras largos años de debates, plasmarse en una formulación prácticamente minimalista; esta vez, en el articulo 32 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

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2 Comentarios

  • Publicado 7 Julio, 2019

    Amandine

    Hola, una pregunta, entonces para poder reclamar la indemnización es necesario haber interpuesto antes un recurso ante los tribunales (y haber obtenido sentencia desestimatoria), no sirve una inadmision en vía administrativa de un recurso de alzada??? Gracias.

    • Publicado 7 Julio, 2019

      Enrique Lertxundi

      Hola Amandine, buenos días. Pues yo creo que sí, que es necesario una sentencia. En caso de haber recibido una desestimación en vía administrativa y la declaración de inconstitucionalidad fuese posterior entiendo puede solicitarse la revisión en vía administrativa. Espero te sirva el comentario.

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